El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dictado una orden este miércoles por la que crea el Observatorio de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, cuyo objetivo será la recuperación de los recursos que se pierden por incumplimientos en los pagos y por conductas irregulares, con especial atención al incumplimiento en el pago de cotizaciones de los empresarios, así como el refuerzo de la confianza y sostenibilidad en el sistema. Concretamente, estaríamos hablando de más de 4.500 millones de euros, ya que esta cifra es la que se atribuye solamente a los fraudes en cotizaciones por parte de compañías con una facturación anual superior al millón de euros, y donde no entran posibles ilegalidades en torno al cobro de pensiones de carácter contributivo, dependientes de la Seguridad Social.

Sin embargo, la idea ya rondaba la cabeza de los dirigentes del ministerio del ramo, toda vez que la primera tentativa para llevar a cabo esta oficina fue anunciada el pasado mes de noviembre de 2018 por el director general en funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Javier Aibar, quien fió la creación de este órgano contra el fraude a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 –que fueron tumbados en el Congreso el pasado mes de febrero-, si bien aludió a la posibilidad de que la operación de canalizase a través de una Real Decreto en caso opuesto, como ha terminado por ocurrir en forma de orden ministerial.

Entonces, Aibar apuntó a que el importe total adeudado asciende a los 4.477 millones de euros en los últimos cuatro años, de los que 1.800 millones correspondían al último ejercicio. Además, indicó que son un total de 1.100 las empresas que componían el listado de morosos. 

En este sentido, cabe recordar que la operación que acomete ahora el Gobierno va más allá de las cotizaciones de las empresas, tanto que «no conocemos la cifra actualizada de fraude» al Sistema, «que sabremos cuando la nueva oficina comience a trabajar», indican a elEconomista fuentes cercanas al ministerio del que dependerá la misma. «Vamos a atacar todos los frentes de la Seguridad Social», sentencia haciendo referencia también a los casos de fraude en las pensiones contributivas.

Sin embargo, estas mismas fuentes aclaran que las actuaciones que se lleven a cabo en la nueva oficina no tendrán impacto en el caso de las pensiones que paga el Imserso bajo gestión de las diferentes comunidades autónomas. «No guarda relación con la polémica por el fraude en las pensiones del Imserso», explican a elEconomista, acerca de la polémica por el pago de este organismo de centenares de pensiones no contributivas a beneficiarios ya fallecidos durante varios años.

Los trabajos comenzarán en un plazo máximo de tres meses

El Observatorio se crea como órgano de participación y recogida de información, con la posibilidad de realizar estudios y análisis de datos para la formalización de propuestas de actuación preventivas y de corrección de fraude, así como para la evaluación y difusión de los resultados. El órgano funcionará en Pleno y en comisiones provinciales. Desde mañana, 20 de junio, fecha de entrada en vigor de esta Orden, se abre un periodo máximo de tres meses para constituir el Pleno del Observatorio y sus distintas comisiones provinciales, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La oficina será un instrumento de cooperación y colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), la Inspección de Trabajo, el Servicio Jurídico de la Seguridad Social y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal o provincial en materia de prevención, detección y corrección del fraude a la Seguridad Social. Su antecedente sería el Observatorio creado en 2006 y comenzará su andadura en el mes de septiembre.

Sin coste extra para el Estado

El Pleno del Observatorio estará formado por un presidente (el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social); un secretario (el subdirector general de Recaudación en periodo voluntario de la Tesorería), y catorce vocales. En concreto, la TGSS, el INSS, el ISM, la Inspección de Trabajo y el Servicio Jurídico de la Seguridad Social contarán con dos vocales cada uno. También tendrán dos vocales los representantes sindicales y otros dos las organizaciones empresariales.

A las reuniones del Pleno del Observatorio podrán asistir de manera puntual y bajo invitación del presidente representantes de otras entidades, organizaciones u organizamos cuya actividad repercuta en el régimen económico de la Seguridad Social, así como otros representantes sindicales, empresariales y personas físicas o jurídicas cuya aportación se considere necesaria o relevante. El Pleno del Observatorio se reunirá al menos dos veces al año de manera ordinaria y, extraordinariamente, a iniciativa del presidente o cuando lo solicite una tercera parte de sus miembros.

Las comisiones provinciales tendrán una composición similar (presidente, secretario y, en este caso, 13 vocales) y celebrarán al menos cuatro reuniones ordinarias al año, de la que informarán periódicamente al Pleno. El Observatorio dependerá directamente de la Tesorería General de la Seguridad Social y su creación no podrá generar, «en ningún caso», un aumento de las dotaciones presupuestarias, debiendo atender la TGSS a este nuevo órgano colegiado con sus actuales medios personales y materiales, apunta la Orden.