El anteproyecto de ley de Función Pública salió este martes a información pública cuando se cumplen dos semanas desde su aprobación en primera vuelta en el seno del Consejo de Ministros.
El texto íntegro está disponible desde hoy en la página del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Mañana, miércoles 4 enero, se abrirá el periodo de presentación de observaciones, que concluirá el próximo 13 de enero cuando el Ejecutivo haya recabado todas las alegaciones al documento de 134 páginas.
Entre las principales novedades de la ley, se introduce la obligación de realizar una valoración anual a los empleados públicos para evaluar su desempeño laboral. Es uno de los pilares de la nueva legislación y afecta a otras muchas novedades del texto, como el nuevo complemento salarial por desempeño o la promoción interna horizontal.
No obstante, la ley está en su fase embrionaria, ya que tan solo ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros, tiene por delante una larga tramitación y no está cerrado.
De las 134 páginas del documento, la atención ha estado puesta en todo momento en la evaluación de desempeño, una reclamación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para lograr “la mejora continua de los servicios públicos” y que ya está contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007.
COMPLEMENTOS SALARIALES Y ASCENSOS
El anteproyecto indica que la Administración valorará la conducta profesional del funcionario y medirá su rendimiento o logro de resultados “con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos”.
Para ello, tendrá en cuenta criterios objetivos como la consecución de los objetivos estratégicos de cada unidad o la innovación, la adquisición de nuevas competencias profesionales, el desarrollo y promoción profesional y la mejora “continua” de los procedimientos.
También contemplará aspectos más subjetivos como “la motivación de las personas” a la hora de implicarse en el logro de las metas marcadas por la unidad, “el fomento del trabajo en equipo y las relaciones transversales” o “la mejora de la comunicación e intercambio de información”.
REMOCIÓN
En caso de lograr evaluaciones favorables, los funcionarios podrán beneficiarse del futuro complemento salarial por desempeño, lograr nuevos ascensos o garantizarse su continuidad en su puesto de trabajo, según los términos actuales del texto.
No obstante, ante resultados negativos “continuados”, el funcionario podría enfrentarse a distintas consecuencias. Entre ellas, “la no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra” o “la remoción del puesto obtenido por concurso” previa “audiencia de la persona interesada y mediando resolución motivada”.
Sobre este último punto, que solo afecta a los puestos de trabajo obtenidos mediante concurso, el documento indica que el funcionario removido «será adscrito provisionalmente a un puesto de la estructura orgánica, acorde con el progreso de su carrera profesional que tenga consolidado y en la misma localidad en el que se encontrara el puesto» del que fue revelado. Este procedimiento, que será regulado reglamentariamente, sólo podrá iniciarse cuando hayan transcurrido seis meses desde la toma de posesión en el puesto de trabajo.
OPOSICIÓN DE SINDICATOS
Por el momento, CCOO y UGT han rechazado esta medida porque consideran que «no se puede disponer» de una norma así cuando no se ha «articulado cómo va a realizarse esa evaluación» y «sin tener la garantía real de que esa evaluación es garantista y transparente».
Asimismo, calificaron esta novedad de «gravísima» e incluso «inaceptable» porque «se plantea esta evaluación como algo irrefutable» y «la persona no tiene defensa en vía administrativa contra una evaluación negativa de la superioridad».
A estas críticas también se ha sumado CSIF, que rechazó “de entrada” que el Gobierno “pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo» y exigió al Gobierno establecer con los sindicatos “los criterios” que se tendrán en cuenta para llevar a cabo las evaluaciones de desempeño.
Para los sindicatos, el anteproyecto «no cumple con las expectativas» iniciales y es «manifiestamente mejorable», por lo que esperan solucionar las fallas del documento y profundizar en los derechos «esenciales» de los trabajadores públicos en la siguiente ronda de negociaciones.